Aborto en Estados Unidos

Antes de la Independencia de los Estados Unidos apenas existían leyes sobre el aborto inducido y su penalización aplicándose el derecho anglosajón (common law) que, básicamente establecía que el aborto era aceptable y legal si se producía con anterioridad a que la madre sintiera el feto (quickening). Después de la Independencia aparecieron distintas leyes en la década de 1820: 1821 en Connecticut legislando sobre el suministro de abortivos a los farmeceúticos; en Nueva York penalizando la práctica del aborto inducido.

Muchas de las primeras feministas, entre ellas Susan B. Anthony y Elizabeth Cady Stanton se posicionaron en contra del aborto ya que lo consideraban la culminación de una serie de agresiones a la mujer y a su falta de independencia real que, para ellas había que corregir. Entonces una mujer debía poder rechazar las relaciones sexuales con su marido -de las que se derivaba el embarazo no deseado y el aborto-; no había ley que protegiera a la mujer de violación del marido y las mujeres de escasos recursos se encontraban sin la menor independencia para el divorcio y el rechazo de las relaciones sexuales. Legalizar el aborto era para algunas de las primeras feministas resolver un problema sin modificar su causa.

Durante la década de 1860 aumentó la legislación penalizando y criminalizando el aborto; en 1900 el aborto era ilegal en numerosos estados aunque algunos incluían supuestos que permitían el aborto en circunstancias limitadas, por lo general para proteger la vida de la mujer o los embarazos por violación o incesto.

Hasta 1973, no se va a producir la liberalización del aborto, tal como está planteada en estos momentos. Desde ese año diversas sentencias van a ir modificando el primer planteamiento, sin que haya todavía un consenso a nivel nacional.

Roe v. Wade, 410 US 113 (1973)

El 22 de febrero de 1973, el Tribunal Supremo de EEUU dicta sentencia, por 7 votos contra 2, que invalidaba una ley penal de Texas que prohibía el aborto excepto en el caso que fuera necesario para preservar la vida materna. En su línea argumental, la Corte alegó que el derecho a la privacidad de la Enmienda 14 incluía el derecho de la mujer a decidir si terminar o no su embarazo en virtud de la Cláusula del Debido Respeto. De esta forma, se consagraba en el máximo nivel judicial de los Estados Unidos el derecho a elegir, frente al derecho a la vida del no nacido.

El fallo también se refirió al niño por nacer, al que no llamó persona, y estableció una influyente división en trimestres del desarrollo prenatal del ser humano a los fines de su protección:

• Primer trimestre – Aborto libre: Según Roe, durante el primer trimestre el profesional de la salud, en consulta con su paciente, es libre para determinar, sin ninguna regulación del Estado, que, en su juicio médico, se debe terminar con el embarazo de su paciente. Es decir, hay aborto libre sin ninguna posibilidad de restricciones.
• Segundo trimestre – Aborto libre salvo restricciones en atención a la salud materna: para Roe, durante el segundo trimestre de desarrollo surge un “interés sustancial” (compelling) para que el Estado dicte medidas de limitación del aborto en orden a proteger la salud de la madre.
• Tercer trimestre – Aborto libre salvo restricciones en razón de la viabilidad del feto: para Roe, durante el tercer trimestre el Estado tiene “interés sustancial” como para eventualmente limitar el derecho a abortar. Este “interés” surge en el momento de la viabilidad y ello por cuanto desde entonces “el feto presumiblemente tiene la capacidad de vida útil fuera del útero materno. Entonces, las regulaciones estatales protectoras de la vida fetal después de la viabilidad tienen justificación lógica y biológica. Si el Estado tiene interés en proteger la vida fetal después de la viabilidad puede incluso llegar a proscribir el aborto durante ese período, salvo cuando sea necesario para preservar la vida o salud de la madre”.

Esta sentencia fue anulada el 24 de junio de 2022 en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Doe v. Bolton, 410 U.S. 179 (1973)

Esta sentencia fue dictada el mismo día que Roe vs Wade y de alguna manera fue intención de la Corte que la complemente. Por 7 votos a 2, la Corte invalidó una ley de Georgia que autorizaba el aborto sólo cuando la continuidad del embarazo podía poner en riesgo la salud o vida de la mujer, incluyendo la salud mental, en caso que el feto fuera a nacer con un serio defecto, o en caso de embarazo proveniente de violación.

Doe es frecuentemente citado por su definición ilimitada de salud materna, dado que para la Corte la misma incluiría factores físicos, emocionales, psicológicos, familiares y aún la edad materna en función del bienestar de la paciente. Dado que en Roe se autorizaba el aborto incluso luego de la viabilidad si estaba en riesgo la vida o salud de la madre, la doctrina de Doe significó en los hechos la legalización completa del aborto hasta el noveno mes.

Harris v. McRae, 448 U.S. 297 (1980)

En virtud de esta sentencia, la Corte Suprema sostuvo la validez de la denominada Enmienda Hyde, que restringe la utilización de fondos federales para financiar abortos en el sistema público de salud sólo a casos de peligro de vida (y desde 1994, para casos de violación o incesto).

La Corte también sostuvo que los Estados no estaban obligados a financiar abortos médicamente indicados que no fueran reembolsables en virtud de la Enmienda Hyde. En su fundamentación, sostuvo la Corte que el gobierno podía distinguir entre el aborto y otros procedimientos médicos, porque “ningún otro procedimiento involucra la terminación intencional de una vida potencial”. Este fallo constituye un cierto límite para Roe y Doe.

Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey, 505 U.S. 833 (1992)

En esta sentencia, por 5 votos contra 4, la Corte reafirmó la doctrina de Roe. La Corte mantuvo la validez de una ley de Pennsylvania que requería

1. Que los médicos proveyeran a las pacientes información escrita para el consentimiento, incluyendo los riesgos médicos del aborto y del parto, y fotos del niño por nacer en varias etapas de su desarrollo.
2. Un período de reflexión obligatorio de 24 horas luego de recibir la información.
3. Que los médicos completaran reportes sobre aborto para fines estadísticos, incluyendo información sobre la edad de la mujer, edad gestacional del niño abortado y causa del aborto.
4. El consentimiento de al menos un padre para los menores, con la posibilidad de un proceso judicial alternativo.

La mayoría, sin embargo, abandonó el criterio del escrutinio estricto aplicado a los derechos fundamentales, por un estándar de “carga indebida” (undue burden), que las restricciones de la ley de Pennsylvania superaron. Se invalidó el requerimiento de dar aviso al esposo. Cuatro jueces votaron por la validez de esta ley y por revocar completamente Roe v. Wade. Con esta sentencia, se reconoce un importante margen de actuación a las legislaturas de cada estado en orden a dictar restricciones al aborto.

Esta sentencia fue anulada el 24 de junio de 2022 en el caso Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization.

Stenberg v. Carhart, 530 U.S. 914 (2000)

Por 5 votos contra 4, la Corte invalidó una ley de Nebraska que prohibía el denominado aborto por nacimiento parcial, que es una forma de aborto que se realiza en el tercer trimestre y consiste en quitar la vida del niño antes de que se complete el nacimiento. Como consecuencia de Stenberg, fueron invalidadas otras 29 leyes estatales de prohibición de este aborto.

Para la Corte estas leyes eran inconstitucionales por su vaguedad que podía afectar no sólo al aborto por nacimiento parcial, pero también otros abortos durante el segundo trimestre. También objetó que la ley no contuviera una excepción por razones de salud de la mujer.

Gonzales v. Carhart, 550 U.S. 124 (2007)

Nuevamente la Corte Suprema aborda el denominado aborto por nacimiento parcial. En este caso, por 5 votos contra 4, la Corte declaró la validez de una ley federal de prohibición del aborto por nacimiento parcial que se había aprobado en 2003.

La Corte supera su precedente de Stenberg y de alguna manera restaura los lineamientos de Casey en relación a las leyes estatales. La Corte también sostuvo que la prohibición federal no requería una excepción de salud, en esencia porque existían otras alternativas.

Además, la Corte parece limitar la amplia interpretación de salud de Doe v. Bolton, enfocando la cuestión durante el tercer trimestre en “riesgos de salud significativos”. Además, la Corte sostuvo en relación al consentimiento informado que parece incuestionable que algunas mujeres se arrepienten de su opción por el aborto de la vida del niño que alguna vez crearon y sostuvieron, advirtiendo que una depresión severa y pérdida de autoestima pueden seguirse.

La Corte concluyó que el Estado tiene un interés en asegurar que una decisión tan grave sea bien informada.

Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization (2022)

En 2021 se empezó a ver la demanda Dobbs v. Jackson Women’s Health Organization, en la que sustancialmente se pregunta: ¿Puede un Estado regular o incluso prohibir el aborto en el segundo trimestre, antes de la viabilidad?, ya que esto es lo que quiere legislar Mississippi. Dicho de otra forma: ¿todas las prohibiciones de los abortos previos a la viabilidad son inconstitucionales?.

El 1 de diciembre se vio la causa. La sentenciase esperaba con gran movimiento social, con manifestaciones de partidarios y contrarios a la constitucionalidad del aborto como un derecho.

El 24 de junio de 2022, El Tribunal Supremo emitió la sentencia por la cual se reconoce que

"La Constitución no confiere un derecho al aborto; Roe v. Wade, 410 U. S. 113, y Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U. S. 833, son anulados; la autoridad para regular el aborto se devuelve al pueblo y a sus representantes elegidos"

Se revoca la sentencia y se devuelve el caso. Samuel Alito,, emitió la opinión del Tribunal, a la que se sumaron Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barret. Thomas, J., y Kavanaugh, J., presentaron opiniones concurrentes. John G. Roberts., presentó otra opinión concurrente en la sentencia. Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan, presentaron una opinión disidente.

Según el dictamen, «la Constitución no hace ninguna referencia al aborto y ninguno de sus artículos protege implícitamente este derecho», por lo que el caso Roe vs. Wade «debe ser anulado».

También quedó anulado Planned Parenthood of Southeastern Pennsylvania v. Casey,(1992)

Puntos sobre los que discuten los Estados

Desde el caso Roe vs Wade, se inicia un gran debate con consecuencias legislativa y judiciales en torno a los límites del aborto, que establecen las legislaturas locales:

• Requerimiento de que los abortos sean realizados sólo por los médicos;

• Requisito sobre el derecho de la mujer a conocer las implicaciones del aborto;

• Establecimiento de períodos de reflexión para mujeres;

• Requerimiento del consentimiento del cónyuge, o al menos de su notificación;

• Requerimiento del consentimiento de los padres en caso de menores de edad, o al menos de su notificación;

• Requerimiento de una segunda opinión médica;

• Requerimiento de hospitalización de la mujer;

• Límites a las técnicas de aborto utilizadas;

• Exigencia de procurar la sobrevida del niño en abortos durante el tercer trimestre;

• Exigencia de residencia estadual para realizar el aborto;

• Obligación de llevar registros y realizar reportes a la autoridad estatal;

• Regulaciones sobre la actividad de las clínicas de aborto;

• Debate en torno a la pastilla RU-486 y a la denominada “anticoncepción de emergencia”;

• Límite a la financiación de los abortos con fondos públicos y a su realización en hospitales públicos.

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